Lo público en las pantallas públicas

Muchos investigadores e investigadoras del campo de la comunicación ponen en duda el carácter público de nuestra televisión y proponen llamarla directamente “gubernamental” o “estatal”. Incluso, hay quienes señalan que hablar de “televisión pública”, en lugar de señalar una orientación política específica, es más bien una estrategia de marketing.

El problema de este tipo de impugnaciones es que proponen conceptos y nombres que no se ajustan a la complejidad de la experiencia concreta de la TV pública argentina, así como tampoco a la rigurosidad necesaria que implica el uso de ciertos conceptos teóricos. Acá también, como en muchos otros casos, existen disputas de poder y de sentido sobre los nombres que se le dan a las cosas porque esos nombres son ya en sí mismos una toma de posición, política y académica.

Denominar televisión gubernamental a los canales que son propiedad del Estado parece un dilema bastante sencillo de resolver, ya que son muchas las muestras de que la televisión pública no responde de manera inmediata a los intereses comunicacionales de cualquiera de los gobiernos recientes. La experiencia de Canal 7, o la de cualquiera de los medios públicos, no puede ser reducida a una cuenta de Youtube como la que lleva el nombre de Casa Rosada, que tiene por objetivo dar a conocer la actividad del Gobierno nacional. Incluso, entre los mismos investigadores que le niegan el carácter de público de esta televisión, hay consenso acerca de que su producción de contenidos está orientada mayormente al interés general. Entonces, sería equivocado llamarla televisión gubernamental.

La denominación de televisión estatal tampoco parecería ser del todo correcta. No tanto por un problema de ajuste entre concepto y experiencia empírica, sino más bien por el uso teóricamente equivocado de lo que hace a la acción del Estado, es decir por las implicancias de la noción “lo estatal”. Para no extraviarnos en largas disquisiciones, podemos asumir como propias, aunque con ciertos matices importantes en los que vamos a ahondar más adelante– , las definiciones del politólogo argentino Guillermo O’Donnell, quien señalaba que la función principal del Estado era garantizar las relaciones sociales que hacen posible el mundo capitalista, fundamentalmente sus relaciones de producción. Habría que reducir bastante el análisis de las experiencias de la televisión pública argentina para afirmar que está orientada centralmente a esos fines.

En todo caso, si lo que se intenta es negar el carácter público de la televisión pública argentina, sería más correcto denominarla “televisión de propiedad del Estado”, un hecho innegable que se ajusta teórica y prácticamente a la realidad.

Pero hay una pregunta anterior y fundamental. Lo que realmente importa en el debate sobre la denominación de la televisión de propiedad del Estado es: ¿Qué es lo que hace o deja de hacer pública a la televisión pública?

Para pensar algunas respuestas –y, sobre todo, para entender distintas perspectivas en torno a la misma pregunta– vamos a retomar y ampliar las diferentes formas de conceptualizar la noción de público que utilizaba el especialista en comunicación Sergio Caletti.

La primera de estas conceptualizaciones, denominada “juridicista”, es aquella que sostiene que existe una separación entre lo privado y lo público y que cuando decimos que algo es público estamos nombrando lo que pertenece al Estado, lo que funciona a través del “imperio de la ley”. Siguiendo esta concepción, por un lado están las agencias del Estado, la fuerza pública y los asuntos que la ley regula y hacen a la vida en sociedad. Y, por el otro, los individuos en tanto actores privados, que desarrollan actividades privadas, por ejemplo en el mercado. El derecho público es quizás la gran institución de esta perspectiva.

La segunda conceptualización –propuesta para ampliar la de Caletti– podría ser llamada “formal o normativa” y define lo público como aquella instancia social en la que, a través del cumplimiento de ciertos principios y/o procedimientos, se realiza aquello que denominamos “opinión pública”, tal como lo señalaba el filósofo Jürgen Habermas. Desde esta perspectiva, lo público está garantizado por el cumplimiento de un deber ser ético y procedimental, que garantiza la participación social en los asuntos de interés común.

El tercer abordaje, también propuesto por Caletti, es el “politicista o democratico”. Se trata de una perspectiva que entiende al espacio público como el lugar donde la sociedad pugna por la orientación de la vida en común, más allá de la ley y los procedimientos, en una relación tensa con ellos, un espacio de lucha por la riqueza producida socialmente, el reconocimiento de nuevos derechos y la orientación general del destino común. En esta concepción, lo público está definido por la capacidad que tienen los distintos actores sociales de hacerse presentes en la definición de su propia existencia. Lo central del espacio público, acá, no es la ley, ni los principios formales, sino más bien la política y la ampliación de la democracia en su sentido más estricto, es decir, la soberanía del pueblo.

Todas estas concepciones, de forma más o menos explícita, aparecen interrelacionadas a la hora de discutir y pensar los medios públicos.

La perspectiva juridicista, por ejemplo, hablaría de una televisión estatal en la medida que esa televisión, propiedad del Estado, esté orientada a reproducir los elementos ideológicos y culturales de cierto tipo específico de orden social.

La normativista, preferida entre académicos y académicas, señala que la televisión pública será pública en la medida que observe y siga las directrices y “buenas prácticas” promovidas por los modelos ideales de televisión pública en Latinoamérica.

Si logramos nuestro cometido de proponer una perspectiva distinta para pensar la televisión pública argentina, politicista o democrática, podemos dar un paso más y reflexionar sobre la cuestión de la autonomía, asunto central en la concepción normativista.

Lo primero que hay para señalar es que la autonomía es siempre relativa. Así como la sociedad civil tiene una autonomía relativa respecto de los poderes políticos del Estado y las coerciones económicas que impone el mercado, también la autonomía de la televisión pública es relativa respecto del Estado, el gobierno, la sociedad civil y el mercado. La cuestión del financiamiento es una muestra clara de esta autonomía relativa, tanto por la dependencia de los presupuestos estatales, como por la de los anuncios del mercado publicitario.

Con la autonomía respecto de los gobiernos sucede algo similar ya que, al menos en nuestro país, siempre es relativa un tipo de vínculo signado por una tradición específica y una legislación también específica.

Desde una perspectiva politicista o democrática, el vínculo siempre tenso entre Estado, gobierno y televisión de propiedad estatal, no es una inadecuación o algo que no debería suceder (como marca cierto consenso que señala que la televisión pública, para ser considerada como tal, debe ser necesariamente autónoma del gobierno) sino una relación a construir. De esta manera, el vínculo realmente existente entre Estado, gobierno y dispositivos mediáticos se vuelve visible, debatible por toda la sociedad, y escapa de la oscuridad en la que la colocan las concepciones principistas.