

LA TELEVISIÓN DEL ESTADO EN ARGENTINA
Lo público en las pantallas públicas
¿En qué medida la televisión pública es pública? ¿Sirve ajustarse a modelos ideales para pensarla, consumirla y gestionarla? En este ensayo, Víctor Taricco acerca algunas propuestas para cambiar la perspectiva desde la que hasta ahora se juzgó uno de los dispositivos centrales de comunicación del siglo XX.
Publicado: 03.03.2022
Por: Victor Taricco
Categoría: Medios
La televisión ha sido uno de los dispositivos centrales de la comunicación social del siglo XX y parte del XXI. Como tal, estuvo sometida al escrutinio de los especialistas y del público en general. La han odiado y amado por igual. En el caso específico de la televisión pública argentina, estas pasiones se exacerbaron a través de polémicas (en el mejor de los casos) y de descalificaciones de todo tipo (en el peor). Desde hace un tiempo, estas críticas reprobatorias fueron transformando a nuestra televisión pública en un medio acomplejado, tímido, impotente, que nunca da la talla.
¿Adónde apuntan principalmente las críticas? Fundamentalmente, a cierta forma de entender su gestión: es muy común entre especialistas e investigadores la afirmación de que la misión de las televisoras públicas debe estar orientada por “imperativos conceptuales y operativos” –así los llama el venezolano Antonio Pasquali– que en su puesta en práctica otorgan el auténtico sentido de lo público a la televisión pública. Estos análisis piensan los dispositivos de televisión de propiedad estatal, antes que desde una realidad históricamente situada, desde un “deber ser” intemporal y universal. Lejos de ser puramente abstractas o meramente teóricas, estos supuestos tienen importantes consecuencias prácticas. Por eso nos proponemos debatirlas a partir de tres problemas:
1 | El problema de la denominación
3 | El problema de la autonomía
Vamos por partes.
1 | El problema de la denominación
Muchos investigadores e investigadoras del campo de la comunicación ponen en duda el carácter público de nuestra televisión y proponen llamarla directamente “gubernamental” o “estatal”. Incluso, hay quienes señalan que hablar de “televisión pública”, en lugar de señalar una orientación política específica, es más bien una estrategia de marketing.
El problema de este tipo de impugnaciones es que proponen conceptos y nombres que no se ajustan a la complejidad de la experiencia concreta de la TV pública argentina, así como tampoco a la rigurosidad necesaria que implica el uso de ciertos conceptos teóricos. Acá también, como en muchos otros casos, existen disputas de poder y de sentido sobre los nombres que se le dan a las cosas porque esos nombres son ya en sí mismos una toma de posición, política y académica.
Denominar televisión gubernamental a los canales que son propiedad del Estado parece un dilema bastante sencillo de resolver, ya que son muchas las muestras de que la televisión pública no responde de manera inmediata a los intereses comunicacionales de cualquiera de los gobiernos recientes. La experiencia de Canal 7, o la de cualquiera de los medios públicos, no puede ser reducida a una cuenta de Youtube como la que lleva el nombre de Casa Rosada, que tiene por objetivo dar a conocer la actividad del Gobierno nacional. Incluso, entre los mismos investigadores que le niegan el carácter de público de esta televisión, hay consenso acerca de que su producción de contenidos está orientada mayormente al interés general. Entonces, sería equivocado llamarla televisión gubernamental.
La denominación de televisión estatal tampoco parecería ser del todo correcta. No tanto por un problema de ajuste entre concepto y experiencia empírica, sino más bien por el uso teóricamente equivocado de lo que hace a la acción del Estado, es decir por las implicancias de la noción “lo estatal”. Para no extraviarnos en largas disquisiciones, podemos asumir como propias, aunque con ciertos matices importantes en los que vamos a ahondar más adelante– , las definiciones del politólogo argentino Guillermo O’Donnell, quien señalaba que la función principal del Estado era garantizar las relaciones sociales que hacen posible el mundo capitalista, fundamentalmente sus relaciones de producción. Habría que reducir bastante el análisis de las experiencias de la televisión pública argentina para afirmar que está orientada centralmente a esos fines.
En todo caso, si lo que se intenta es negar el carácter público de la televisión pública argentina, sería más correcto denominarla “televisión de propiedad del Estado”, un hecho innegable que se ajusta teórica y prácticamente a la realidad.
Pero hay una pregunta anterior y fundamental. Lo que realmente importa en el debate sobre la denominación de la televisión de propiedad del Estado es: ¿Qué es lo que hace o deja de hacer pública a la televisión pública?


2 | El problema de lo público
Para pensar algunas respuestas –y, sobre todo, para entender distintas perspectivas en torno a la misma pregunta– vamos a retomar y ampliar las diferentes formas de conceptualizar la noción de público que utilizaba el especialista en comunicación Sergio Caletti.
La primera de estas conceptualizaciones, denominada “juridicista”, es aquella que sostiene que existe una separación entre lo privado y lo público y que cuando decimos que algo es público estamos nombrando lo que pertenece al Estado, lo que funciona a través del “imperio de la ley”. Siguiendo esta concepción, por un lado están las agencias del Estado, la fuerza pública y los asuntos que la ley regula y hacen a la vida en sociedad. Y, por el otro, los individuos en tanto actores privados, que desarrollan actividades privadas, por ejemplo en el mercado. El derecho público es quizás la gran institución de esta perspectiva.
La segunda conceptualización –propuesta para ampliar la de Caletti– podría ser llamada “formal o normativa” y define lo público como aquella instancia social en la que, a través del cumplimiento de ciertos principios y/o procedimientos, se realiza aquello que denominamos “opinión pública”, tal como lo señalaba el filósofo Jürgen Habermas. Desde esta perspectiva, lo público está garantizado por el cumplimiento de un deber ser ético y procedimental, que garantiza la participación social en los asuntos de interés común.
El tercer abordaje, también propuesto por Caletti, es el “politicista o democratico”. Se trata de una perspectiva que entiende al espacio público como el lugar donde la sociedad pugna por la orientación de la vida en común, más allá de la ley y los procedimientos, en una relación tensa con ellos, un espacio de lucha por la riqueza producida socialmente, el reconocimiento de nuevos derechos y la orientación general del destino común. En esta concepción, lo público está definido por la capacidad que tienen los distintos actores sociales de hacerse presentes en la definición de su propia existencia. Lo central del espacio público, acá, no es la ley, ni los principios formales, sino más bien la política y la ampliación de la democracia en su sentido más estricto, es decir, la soberanía del pueblo.
Todas estas concepciones, de forma más o menos explícita, aparecen interrelacionadas a la hora de discutir y pensar los medios públicos.
La perspectiva juridicista, por ejemplo, hablaría de una televisión estatal en la medida que esa televisión, propiedad del Estado, esté orientada a reproducir los elementos ideológicos y culturales de cierto tipo específico de orden social.
La normativista, preferida entre académicos y académicas, señala que la televisión pública será pública en la medida que observe y siga las directrices y “buenas prácticas” promovidas por los modelos ideales de televisión pública en Latinoamérica.
Lo central del espacio público, acá, no es la ley, ni los principios formales, sino más bien la política y la ampliación de la democracia en su sentido más estricto, es decir, la soberanía del pueblo.
Si bien tiene aún poco desarrollo teórico o práctico, la perspectiva politicista o democrática parece ser la más apropiada para pensar y gestionar la televisión pública, en la medida que su acento está puesto fundamentalmente en promover y pensar la democratización del espacio público y la sociedad.
Decíamos: la perspectiva normativista considera que lo público tiene lugar cuando las acciones de comunicación se despliegan en función de ciertos requisitos. Desde este punto de vista, la televisión de propiedad estatal será pública en la medida en que pueda registrarse una correlación directa entre esos principios deontológicos que definen un deber ser y las acciones concretas que lleva adelante en la gestión o su pantalla. El problema de esta perspectiva es que está más preocupada por definir cómo debería funcionar la televisión pública que en intentar comprender por qué funciona cómo funciona.
Para una perspectiva democrática o politicista, lo central en cambio son las políticas que se despliegan en el espacio público para fortalecerlo, ampliarlo, restringirlo y reconocer nuevos derechos, antes que la correlación entre modelos ideales y experiencias concretas. Las formas de vinculación que la televisión pública establece con gobiernos, actores sociales, trabajadores y sociedad civil en un determinado espacio-tiempo dará cuenta de tendencias políticas donde lo que estará en juego prioritariamente será la democratización del espacio público o su restricción, es decir, desdemocratización.
Asumir esta perspectiva, que además de política es relacional, nos permite poner en el centro de la atención las formas concretas que la televisión pública trama y las vinculaciones o antagonismos que establece con distintas instituciones o actores sociales en función de objetivos políticos, comunicacionales y culturales específicos.
No se trata de desechar una deontología para la televisión pública, una coherencia ética entre las acciones y los principios, sino de poner en el centro de las reflexiones los objetivos que deben alcanzarse en determinados contextos históricos y políticos, a partir de un compromiso indelegable de estos dispositivos con la promoción de lo que Etienne Balibar denomina la “igual libertad”. Los debates por la ética, lejos de ser universales y abstractos, deben ser concretos y situados.
Ahora sí, parados en este lugar, podemos decir: pensar lo público de la televisión pública implica tener una disposición, una apertura, a pensar aquellas manifestaciones, conflictos o expresiones no siempre del todo racionales, argumentativas, legisladas, que promueven la ampliación de la esfera pública, es decir, la esfera de los discutible y lo pensable.
3 | El problema de la autonomía
Si logramos nuestro cometido de proponer una perspectiva distinta para pensar la televisión pública argentina, politicista o democrática, podemos dar un paso más y reflexionar sobre la cuestión de la autonomía, asunto central en la concepción normativista.
Lo primero que hay para señalar es que la autonomía es siempre relativa. Así como la sociedad civil tiene una autonomía relativa respecto de los poderes políticos del Estado y las coerciones económicas que impone el mercado, también la autonomía de la televisión pública es relativa respecto del Estado, el gobierno, la sociedad civil y el mercado. La cuestión del financiamiento es una muestra clara de esta autonomía relativa, tanto por la dependencia de los presupuestos estatales, como por la de los anuncios del mercado publicitario.
Con la autonomía respecto de los gobiernos sucede algo similar ya que, al menos en nuestro país, siempre es relativa un tipo de vínculo signado por una tradición específica y una legislación también específica.
Desde una perspectiva politicista o democrática, el vínculo siempre tenso entre Estado, gobierno y televisión de propiedad estatal, no es una inadecuación o algo que no debería suceder (como marca cierto consenso que señala que la televisión pública, para ser considerada como tal, debe ser necesariamente autónoma del gobierno) sino una relación a construir. De esta manera, el vínculo realmente existente entre Estado, gobierno y dispositivos mediáticos se vuelve visible, debatible por toda la sociedad, y escapa de la oscuridad en la que la colocan las concepciones principistas.

Ludmila Drago | @ludmiladragoart
La relación que se construye entre Estado, gobierno, mercado, sociedad civil y televisión pública en cada contexto histórico-político específico, debe ser comprendida como una relación constitutiva de ser público, incluso cuando es una relación tensa, y puesta a prueba en la promoción (o no) de procesos de democratización del espacio público y la sociedad.
En nuestro país, no han sido pocas las veces que la sociedad civil construyó acuerdos con gobiernos o Estados para avanzar en los procesos de reconocimiento de derechos. Esta cualidad bifronte del Estado (siguiendo la tesis del politólogo Eduardo Rinesi: su dimensión de dominación pero también su potencial para ampliar derechos) posiblemente requiere aún una teorización más profunda pero abre derivaciones interesantes para pensar la cuestión de la autonomía necesaria, pero relativa, entre la televisión de propiedad estatal, los gobiernos, el Estado y los distintos actores sociales. Por supuesto, y nuevamente, no se trata de renegar de la necesaria autonomía que existe y debe existir entre las distintas esferas e instituciones, sino de pensarlas más como una autonomía para, antes que como una autonomía de.
Cambiar de perspectiva
Es necesario producir un desplazamiento teórico y conceptual que nos permita entender la televisión pública, y a todos los medios públicos argentinos, no ya a la luz de la correspondencia con ciertos modelos ideales, que también tienen su historia y su forma no explícita de entender la política, la sociedad y la democracia, sino más bien como vectores de democratización del espacio público, la sociedad y la democracia misma.
Asumir esta perspectiva, que será siempre material y situada, permitirá diseñar y gestionar proyectos orientados a producir una intervención democratizadora del espacio público, que necesariamente antagonizará con aquellos actores que limiten o desvirtúen el acceso al derecho humano a la comunicación. De nada sirve reproducir modelos ideales si la acción de los medios públicos no está orientada a reparar las injusticias y desigualdades que desde años reproducen la concentración en pocas manos del sistema audiovisual.
Si la televisión pública asume como propia esta misión, la de construir la igual libertad, la de democratizar el espacio de lo público, la de promover el reconocimiento de nuestra diversidad, podrá asumir con orgullo, y de pleno derecho, su nombre de televisión pública argentina.
Esta nota fue escrita por

Por Victor Taricco
Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Consultor en comunicación institucional y política.
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